Los gobiernos represivos y de facto tienen la mentira y la simulación como línea rectora. Pero si además son ilegítimos, como el que representa Felipe Calderón, se sirven de golpes mediáticos que buscan generalizar el miedo y la incertidumbre social, además de esconder intereses políticos electorales.
Es el caso de la política militar, como único y cuestionado proyecto de gobierno. Los operativos contra el narcotráfico, que en las últimas semanas han emprendido efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), por órdenes federales en Michoacán, Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero subrayan la vocación autoritaria de Calderón y encaminan hacia un Estado represor.
Si además evocamos que más de la mitad del total de efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), 3 mil 444 agentes, están involucrados en actos delictivos, las medidas de seguridad recientemente implementadas resultan especialmente preocupantes.
La decisión inconstitucional del gobierno federal de imponer bajo un solo mando, el de Ardelio Vargas Fosado, a la Policía Federal Preventiva (PFP) y la AFI, promueve la concentración de poder policiaco y violenta la autonomía de la división de poderes, que podría terminar en violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad. Así sucedió en Michoacán, donde los profesores Custodio Núñez Paniagua y Mariana Vega Méndez presentaron un amparo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual sostienen que el 15 de diciembre policías federales detuvieron injustamente a su hijo Alejandro Núñez Vega en Apatzingán, durante la Operación Conjunta Michoacán, para después irrumpir violentamente en el domicilio.
¿Cuántos casos de sumarán a éste para quedar impunes bajo la política militar de intereses facciosos que buscan minimizar los derechos de las mayorías?
En sus primeras semanas, el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón ha sido abiertamente apegado a las políticas de George W. Bush, quien además de planear invertir en los energéticos de nuestro país, se suma, con su hipocresía habitual, a la creación de la figura de un zar antidrogas, que tendría vínculo directo con la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
Esta decisión antinacionalista resta autonomía a los asuntos de seguridad y promueve la política entreguista de la derecha fascista.
El uso excesivo de la fuerza pública no acabará con la violencia y la delincuencia organizada, pero quizás sí logre la seguridad requerida por el gobierno de Estados Unidos para establecer la inversión extranjera.
Obviamente los operativos policiacos, que han tenido a la par una promoción espectacular con gran carga mediática, no obedecen a una intención real por disminuir el crimen organizado, sino a una estrategia electoral que busca, en caso de Baja California, alcanzar la hegemonía del PAN en los próximo comicios de la entidad.
Además de los intereses electorales, los operativos pretenden fortalecer el poder a base de políticas de miedo, ante los movimientos sociales, que en una sociedad quebrantada y polarizada se magnifican, como en los casos de Atenco y Oaxaca.
El operativo mediático-militar del gobierno ilegítimo es anticonstitucional y absurdo, si tomamos en cuenta que el crimen organizado no termina con escenificaciones de una organización militar majestuosa, porque al final del día los órganos policiales solapadores del narco abren el telón a la corrupción, y porque la investigación de los delitos contra la salud no se encuentran entre las funciones del Ejército.
La regresión social y política que la derecha ha causado se refleja en la pretensión de creer que un gobernante es jefe de las Fuerzas Armadas sólo por sobreponerse un disfraz que le resulta ridículamente superior.
*Artículo publicado el lunes 15 de enero de 2007 en La Jornada Zacatecas, Año 1, número 255
